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RESOL-2020-18-APN-INV#MAGYP




2A. Sección, Mendoza 01/04/2020

VISTO, el Expediente N° EX-2020-19562147-APN-DD#INV , las Leyes Nros. 14.878 y 24.566, los Decretos Nros. DECNU-2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020 y DECNU-2020-297-APN-PTE de fecha 19 de marzo de 2020, sus modificatorios y normas complementarias, las Resoluciones Nros. C.40 de fecha 30 de setiembre de 1991 y RESOL-2020-15-APN-INV#MAGYP de fecha 21 de marzo de 2020, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, se promueve establecer en forma excepcional y transitoria por el término que dure la emergencia ampliada por el Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, que aquellos productos calificados en forma definitiva como "PRODUCTO GENUINO - AVERIADO" y/o "NO CORRESPONDE A SU ANALISIS DE ORIGEN" en los términos de los Artículos 23 Inc. b) y 24 Inciso b) de la Ley Nº 14.878, respectivamente, que se encuentren intervenidos a granel en establecimientos vitivinícolas inscriptos ante el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) una vez cerrada la etapa analítica de conformidad con lo establecido por el la Resolución Nº C.40 de fecha 30 de setiembre de 1991, como así también los productos intervenidos en la Resolución N° RESOL-2020-15-APN-INV#MAGYP de fecha 21 de marzo de 2020, tengan como destino la destilación con fines benéficos y solidarios y vinculado a la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por Coronavirus (COVID-19).

Que el precitado decreto y sus modificatorios, ampliaron la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la mencionada pandemia, durante el plazo de UN (1) año a partir de su entrada en vigencia.

Que por su parte, el Decreto Nº DECNU-2020-297-APN-PTE de fecha 19 de marzo de 2020, a fin de proteger la salud pública, obligación inalienable del Estado Nacional, estableció un aislamiento social, preventivo y obligatorio, estableciendo algunas excepciones entre las cuales se presentan aquellas que tienen por finalidad garantizar actividades esenciales requeridas por las autoridades pertinentes.

Que con base en esta emergencia y normativa, la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, mediante Resolución N° RESOL-2020-3-APN-SGYEP#JGM, dictó diversas instrucciones de inmediata aplicación, entre las que se encontraba la determinación de áreas esenciales o críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad, a efectos de asegurar la cobertura permanente en el supuesto de avance de la pandemia y siempre teniendo en miras la salud pública.

Que así, el INV dictó la Resolución N° RESOL-2020-14-APN-INV#MAGYP de fecha 19 de marzo de 2020, donde entre otras medidas determinó como áreas esenciales o críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad, los servicios de inspección y fiscalización en materia vitivinícola y de alcoholes.

Que el denominado Comité de Crisis creado por la Resolución de este Organismo citada precedentemente, conducido por el suscripto, en búsqueda de encontrar caminos viables con fundamento en sus funciones esenciales y facultades otorgadas por las Leyes Nros. 14.878 y 24.566, ha analizado la posibilidad de destinar los productos intervenidos en procedimientos por infracción al Régimen Legal Vitivinícola normado por la Ley N° 14.878 y sus reglamentaciones a destilación, a los fines que los establecimientos destiladores de productos vínicos cuenten con materia prima para la producción de alcohol y su derivado alcohol en gel a fin de que éste sea distribuido en forma benéfica y solidaria en distintos establecimientos y centros de salud del territorio nacional, coadyuvando, de esta manera, a paliar la crisis y emergencia derivada de la pandemia por Coronavirus COVID-19.

Que, por otra parte, de estudios realizados por el área de fiscalización, surge que no solo existen intervenidos productos como los identificados en la Resolución N° RESOL-2020-15-APN-INV#MAGYP de fecha 21 de marzo de 2020, sino también productos a granel con calificaciones definitivas "PRODUCTO GENUINO - AVERIADO" y "EN INFRACCION AL ART. 24 INC. B) LEY 14.878 - NO CORRESPONDE AL ANALISIS DE ORIGEN", de conformidad con la tipología establecida por los Artículos 23 Inciso b) y 24 Inciso b) -respectivamente- de la Ley N° 14.878, que se encuentran intervenidos en establecimientos inscriptos ante este Organismo de control.

Que siguiendo estos lineamientos se dictó la Resolución N° RESOL-2020-15-APN-INV#MAGYP, que estableció en forma excepcional y transitoria por el término que dure la emergencia ampliada por el Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE y sus modificatorios, que aquellos productos calificados en forma definitiva como "adulterados", "aguados", "manipulados" y/o "en infracción" en los términos del Artículo 23 Incisos a) y d) de la Ley Nº 14.878, respectivamente, que se encuentren intervenidos a granel en establecimientos vitivinícolas inscriptos ante este Organismo, una vez cerrada la etapa analítica de conformidad con lo establecido por el la Resolución Nº C.40/91, tendrán como destino la destilación con fines benéficos y solidarios y vinculado a la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por Coronavirus (COVID-19).

Que la implementación de la medida y la práctica ha mostrado la necesidad que, siguiendo los lineamientos de la norma y fundamentalmente su finalidad, se flexibilicen los procedimientos y otorguen suficientes facultades a la Gerencia de Fiscalización para adaptar las distintas alternativas que presenta la casuística, teniendo en cuenta los establecimientos inscriptos involucrados, las destilerías interesadas y las circunstancias de hecho que presenta la emergencia en cada caso.

Que se hace necesario también ampliar los productos intervenidos que se destinen a destilación para coadyuvar con la mitigación de los efectos de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) vinculado con el coronavirus (COVID-19), incluyendo a los productos con calificaciones "PRODUCTO GENUINO - AVERIADO" y/o "NO CORRESPONDE AL ANALISIS DE ORIGEN", tipificados por los Artículos 23 Inciso b) y 24 Inciso b), todos de la Ley N° 14.878, respectivamente.

Que los Artículos 23 y 24 Incisos b) de la Ley Nº 14.878 establecen las calificaciones legales de los productos definidos en la misma que no reúnan las condiciones exigidas para su circulación.

Que respecto de los productos clasificados como "averiados", estos podrán destinarse a vinagre o ser destilados, conforme lo prevea la reglamentación.

Que, por su parte, el Artículo 24 Inciso b) de la Ley General de Vinos, en lo que atañe a los productos cuya composición analítica no corresponda con su análisis de origen, con calificación definitiva, establece que serán destinados a destilación o derrame.

Que el mismo Artículo 23 en su parte final dispone que los productos averiados y los comprendidos en el Artículo 24 inciso b) previstos en la Ley N° 14.878, que no sean corregidos o no se haya efectivizado su traslado a destilería o derrame voluntario, según el caso, en el plazo de noventa (90) días corridos a partir del emplazamiento serán derramados o desnaturalizados por el INV.

Que vinculado a los productos con calificación "averiado" sin fraccionar, los mismos han sido excluidos de los presupuestos de punibilidad del Artículo 24, inciso f) de la Ley Nº 14.878, no obstante ello, la exclusión no afecta la efectivización del destino que para tales productos determina el Artículo 23 ya citado.

Que finalmente, el Artículo 24 Inciso e) de la Ley N° 14.878 sólo sanciona el expendio o circulación de los productos enfermos, por lo que los productos con calificación "ENFERMO" que se encuentren a granel en bodega no pueden incluirse dentro de las previsiones de esta norma.

Que por su parte el Artículo 35 de la Ley Nº 14.878 modificada por Ley Nº 23.550, teniendo en cuanta el bien jurídico tutelado en primer lugar por esta norma -que no es otro que la salud de la población-, establece que en los casos de prescripción y extinción de la acción y/o pena, las consecuencias no comprenden a los productos involucrados en las infracciones que se traten, los que seguirán el destino que para el caso señalan sus Artículos 23 y 24.

Que de esta manera la Ley General de Vinos se asegura que independientemente de la suerte de la acción y/o pena vinculada con la calificación de los productos fijados en su Artículo 23, éstos tengan el destino fijado por ley y que elimina la posibilidad que circule como vino apto para el consumo humano en el mercado.

Que conforme a pacífica jurisprudencia, el administrado solo puede cuestionar la toma de muestra con anterioridad a que sea notificado del resultado, sin que pueda prosperar una eventual pretensión de quitar valor al análisis de control, luego de haberse realizado el análisis de contraverificación, porque una vez firme este último, no puede ofrecerse prueba respecto de la infracción comprobada por dichos análisis (EXCMA. CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA "Cooperativa Vitivinícola Regional Chapanay c/ Instituto Nacional de Vitivinicultura", L.L. 1997-A, pág. 491; J.A. 977-I-458).

Que, además, las técnicas y aparatología utilizadas en el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA para la realización de los análisis que en definitiva sirven de base para calificar a los productos conforme las pautas del Artículo 23 de la Ley Nº 14.878, resultan plenamente confiables y otorgan máxima garantía a los administrados.

Que también debe recordarse que conforme lo establece el Artículo 2º de la Ley Nº 14.878 el INV es el organismo competente para entender en el control técnico de la producción, la industria y el comercio vitivinícolas.

Que el Artículo 8º, inciso f) de dicha norma otorga a este Organismo la facultad para adoptar las medidas tendientes a la mejor fiscalización de los productos que comprende.

Que todos estos factores implican que pueden revisarse las metodologías de fiscalización actual sobre productos intervenidos a granel, sin importar las calificaciones finales que cada uno de los productos reciba, y proyectar medidas de control tendientes a perfeccionar los procedimientos a aplicar y establecer destinos que, dentro del marco legal impuesto por las Leyes N° 14.878 y 24.566, persigan el fundamental principio de cuidado de la salud pública que se impone inalienable y actual, teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE y sus modificatorios y todas las normas dictadas en su consecuencias por los distintos organismos públicos nacionales.

Que resulta procedente el dictado de un acto administrativo complementario de la Resolución N° RESOL-2020-15-APN-INV#MAGYP que establezca en forma transitoria y excepcional como destino de productos con calificación definitiva como "AVERIADOS" y/o "NO CORRESPONDE A SU ANALISIS DE ORIGEN" en los términos de los Artículos 23 Inciso b) y 24 Inciso b) respectivamente de la Ley N° 14.878, la destilación para ser destinada a combatir la emergencia ampliada por el Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE, sus modificatorios y complementarios.

Que debe tenerse presente que aquellos industriales con planta de destilación que accedan al régimen, deberán cumplir con requisitos específicos en cada una de las operatorias, entre las que se encuentran vinculados, entre otros, costos y logística de traslado del producto intervenido al lugar de destilación y de toda otra recomendación o exigencia que se establezca o pacte en cada una de las operatorias que se aprueben teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso en particular.

Que a los fines de ejecutar en forma eficiente y eficaz la flexibilización y adecuación de las operatorias que se aprueben, con la celeridad que se impone en la emergencia que justifica la medida, resulta procedente la delegación de facultades a la Gerencia de Fiscalización para la aprobación y ejecución de las mismas y la determinación de prioridades en cuanto a productos involucrados, sin perjuicio de las acciones y decisiones que esta Presidencia estime pertinentes.

Que la Gerencia de Fiscalización, la Subgerencia de Administración y la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, cuyos máximos responsables forman parte del denominado Comité de Crisis, han tomado la intervención de su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878, 24.566 y 25.163 y el Decreto Nº DCTO-2020-142/2020-APN-PTE,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establecer en forma excepcional y transitoria por el término que dure la emergencia ampliada por el Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, que aquellos productos calificados en forma definitiva como "PRODUCTO GENUINO - AVERIADO" y/o "NO CORRESPONDE A SU ANALISIS DE ORIGEN" en los términos de los Artículos 23 Inciso b) y 24 Inciso b) de la Ley Nº 14.878, respectivamente, que se encuentren intervenidos a granel en establecimientos vitivinícolas inscriptos ante este Organismo, una vez cerrada la etapa analítica de conformidad con lo establecido por el la Resolución Nº C.40 de fecha 30 de setiembre de 1991, como así también los productos intervenidos en la Resolución N° RESOL-2020-15-APN-INV#MAGYP de fecha 21 de marzo de 2020, tendrán como destino prioritario la destilación para ser consignada a combatir la emergencia ampliada por el precitado decreto, vinculado a la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por Coronavirus (COVID-19).

ARTÍCULO 2º.- Aquellos establecimientos industriales inscriptos ante el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) interesados en utilizar como materia prima los productos intervenidos mencionados en el Artículo 1° de la presente resolución, deberán tramitar su pretensión ante la dependencia de este Organismo de su jurisdicción.

ARTÍCULO 3°.- Los beneficiarios del alcohol producido, cualquiera sea su forma o característica final, deberán ser un ente público nacional, provincial o municipal o ente privado de salud autorizado por el INV.

ARTÍCULO 4°.- Los establecimientos industriales interesados, sin perjuicio del deber genérico de cumplimiento conforme su inscripción ante este Organismo, tendrán a su cargo los requisitos específicos, recomendaciones y/o exigencias que en cada una de las operatorias sean aprobados teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso en particular.

ARTÍCULO 5º.- Delégase a la Gerencia de Fiscalización de este Instituto la facultad de dictar en cada caso concreto, las condiciones, recomendaciones y requisitos para el logro del destino establecido en la presente resolución, cumpliendo con los debidos controles de cuidado de la salud pública y flexibilizando en lo posible toda la operatoria para su efectiva y eficiente concreción, sin perjuicio de las acciones que en forma directa realice esta Presidencia.

ARTÍCULO 6º.- Las infracciones a la presente norma serán sancionadas conforme lo establecido por el Artículo 24 de la Ley N° 14.878, sin perjuicio de las denuncias ante los órganos judiciales y administrativos que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y cumplido, archívese. Martin Silvestre Hinojosa

e. 03/04/2020 N° 16324/20 v. 03/04/2020

Fecha de publicación 2020-04-03

Ver boletín oficial


RESOL-2020-17-APN-INV#MAGYP




2A. Sección, Mendoza 01/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-21460385-APN-DD#INV, las Leyes Nros. 14.878 y 24.566, los Decretos Nros. DECNU-2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020 y DECNU-2020-297-APN-PTE de fecha 19 de marzo de 2020, sus modificatorios y normas complementarias, las Resoluciones Nros. C.40 de fecha 30 de setiembre de 1991 y C.23 de fecha 29 de mayo de 2012, y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto, se promueve establecer en forma excepcional y transitoria por el término que dure la emergencia ampliada por el Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020 y sus modificatorios, que el alcohol etílico intervenido en procedimientos por infracción al Régimen Legal establecido por Ley N° 24.566 y normas reglamentarias, una vez cerrada la etapa analítica de conformidad con lo establecido por la Resolución Nº C.40 de fecha 30 de setiembre de 1991, tenga como destino preferente su direccionamiento para coadyuvar a combatir la emergencia vinculada a la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por Coronavirus (COVID-19).

Que el precitado decreto y sus modificatorios, ampliaron la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la mencionada pandemia, durante el plazo de UN (1) año a partir de su entrada en vigencia.

Que por su parte, el Decreto Nº DECNU-2020-297-APN-PTE de fecha 19 de marzo de 2020, a fin de proteger la salud pública, obligación inalienable del Estado Nacional, estableció un aislamiento social, preventivo y obligatorio, estableciendo algunas excepciones entre las cuales se presentan aquellas que tienen por finalidad garantizar actividades esenciales requeridas por las autoridades pertinentes.

Que con base en esta emergencia y normativa, la SECRETARIA DE GESTION Y EMPLEO PUBLICO de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, mediante Resolución N° RESOL-2020-3-APN-SGYEP#JGM, dictó diversas instrucciones de inmediata aplicación, entre las que se encontraba la determinación de áreas esenciales o críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad, a efectos de asegurar la cobertura permanente en el supuesto de avance de la pandemia y siempre teniendo en miras la salud pública.

Que así, el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV) dictó la Resolución N° RESOL-2020-14-APN-INV#MAGYP de fecha 19 de marzo de 2020, donde entre otras medidas determinó como áreas esenciales o críticas de prestación de servicios indispensables para la comunidad, los servicios de inspección y fiscalización en materia vitivinícola y de alcoholes.

Que el denominado Comité de Crisis creado por la resolución de este Organismo citada precedentemente, conducido por el suscripto, en búsqueda de encontrar caminos viables con fundamento en sus funciones esenciales y facultades otorgadas por Leyes Nros. 14.878 y 24.566, ha analizado la posibilidad de destinar alcohol etílico -cuyas características lo permitan- y que se encuentre intervenido en procedimientos por infracción al Régimen Legal de Alcoholes normado por la Ley N° 24.566 y sus reglamentaciones, a combatir la emergencia ampliada por el Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE, sus modificatorios y complementarios vinculado a la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por Coronavirus (COVID-19).

Que, por otra parte, de estudios realizados por el área de fiscalización de alcoholes, surge que existen intervenidas partidas de alcohol etílico en establecimientos inscriptos ante este Organismo de control.

Que siguiendo estos lineamientos, pero para vinos, se dictó la Resolución N° RESOL-2020-15-APN-INV#MAGYP de fecha 21 de marzo de 2020, que estableció en forma excepcional y transitoria por el término que dure la emergencia ampliada por el Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE y sus modificatorios, que diversos productos que se encuentren intervenidos a granel en establecimientos vitivinícolas inscriptos ante este Organismo, y que cumplan con determinados requisitos exigidos por la norma, tengan como destino preferente la destilación para combatir la emergencia ampliada por el precitado decreto, vinculado a la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por Coronavirus (COVID-19).

Que la implementación de la medida y su práctica advierte de la necesidad, sin perder de vista la finalidad de la medida, que los procedimientos sean suficientemente flexibles y se deleguen suficientes facultades a la Gerencia de Fiscalización para priorizar productos y adaptar las distintas alternativas que presenta la casuística, teniendo en cuenta el alcohol intervenido, sus características, la logística y costos, los establecimientos inscriptos involucrados y las circunstancias de hecho que presenta la emergencia en cada caso.

Que la Ley N° 24.566 en su Artículo 31 establece que la Autoridad de Aplicación es quien determinará por vía reglamentaria el destino de los productos en infracción a las disposiciones legales.

Que la Resolución N° C.23 de fecha 29 de mayo de 2012 establece los destinos posibles de los productos intervenidos en procedimientos por infracción al Régimen Legal de Alcoholes, por lo que corresponde ampliar los mismos en forma transitoria y excepcional intertanto se mantenga la ampliación de la emergencia derivada de la pandemia por coronavirus (COVID-19).

Que por su parte el Artículo 37 de la Ley Nº 24.566, teniendo en cuanta el bien jurídico tutelado en primer lugar por esta norma -que no es otro que la salud de la población-, establece que en los casos de prescripción y extinción de la acción y/o pena, las consecuencias no comprenden a los productos involucrados en las infracciones que se traten, los que seguirán el destino que para el caso señalen las normas.

Que de esta manera la Ley Nacional de Alcoholes se asegura que independientemente de la suerte de la acción y/o pena vinculada con la calificación de los productos, éstos tengan efectivamente el destino fijado por ley en resguardo de su finalidad sanitaria.

Que conforme a pacífica jurisprudencia, el administrado solo puede cuestionar la toma de muestra con anterioridad a que sea notificado del resultado, sin que pueda prosperar una eventual pretensión de quitar valor al análisis de control, luego de haberse realizado el análisis de contraverificación, porque una vez firme este último, no puede ofrecerse prueba respecto de la infracción comprobada por dichos análisis (EXCMA. CAMARA FEDERAL DE APELACIONES DE MENDOZA "Cooperativa Vitivinícola Regional Chapanay c/ Instituto Nacional de Vitivinicultura", L.L. 1997-A, pág. 491; J.A. 977-I-458), también aplicable en materia de Régimen Legal de Alcoholes.

Que, además, las técnicas y aparatología utilizadas en el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA para la realización de los análisis que en definitiva sirven de base para calificar al alcohol etílico en procedimientos por aplicación de la Ley N° 24.566 y normas reglamentarias, resultan plenamente confiables y otorgan máxima garantía a los administrados.

Que no obstante ello, y a los fines de cumplir con la premisa fundamental del cuidado de la salud de la población, previo a establecer el destino final del alcohol etílico intervenido, el área técnica competente del INV debe certificar su aptitud para el fin que se determine.

Que también debe recordarse que conforme lo establece el Artículo 1º de la Ley Nº 24.566 la producción, circulación, fraccionamiento y comercialización de alcohol etílico y metílico se regirá por sus disposiciones y las normas reglamentarias que al efecto se dicten, y que el Artículo 4° de la misma ley establece que este Instituto es su Autoridad de Aplicación y dictará las normas reglamentarias necesarias para la prosecución de los fines inherentes a la misma.

Que el Artículo 8º, inciso f) de la Ley N° 14.878, de aplicación al caso, otorga a este Organismo la facultad para adoptar las medidas tendientes a la mejor fiscalización de los productos que comprende.

Que todos estos factores implican que pueden revisarse las metodologías de fiscalización actual sobre alcohol etílico intervenido y proyectar medidas de control tendientes a perfeccionar los procedimientos a aplicar y establecer destinos que, dentro del marco legal impuesto por la Ley N° 24.566, persigan el fundamental principio de cuidado de la salud pública que se impone inalienable y actual, teniendo en cuenta lo establecido por el Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE y sus modificatorios y todas las normas dictadas en su consecuencias por los distintos organismos públicos nacionales.

Que resulta procedente el dictado de un acto administrativo que establezca en forma transitoria y excepcional como destino preferente de alcohol etílico intervenido -y al que el área técnica responsable del INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA haya certificado debidamente apto para tales fines-, el de su direccionamiento para coadyuvar a combatir la precitada emergencia.

Que debe tenerse presente que las personas humanas o jurídicas que participen del presente régimen, deben cumplir con requisitos específicos en cada una de las operatorias, entre las que se encuentran vinculados, entre otros, costos y logística de traslado del producto intervenido y de toda otra recomendación o exigencia que se establezca o pacte en cada oportunidad teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso en particular.

Que la Gerencia de Fiscalización, la Subgerencia de Administración y la Subgerencia de Asuntos Jurídicos, cuyos máximos responsables forman parte del denominado Comité de Crisis, han tomado la intervención de su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nros. 14.878, 24.566 y 25.163 y el Decreto Nº DCTO-2020-142/2020-APN-PTE,

EL PRESIDENTE DEL INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese en forma excepcional y transitoria por el término que dure la emergencia ampliada por el Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE de fecha 12 de marzo de 2020, sus modificatorios y complementarios, que el alcohol etílico intervenido en procedimientos por infracción al Régimen Legal establecido por Ley N° 24.566 y normas reglamentarias, una vez cerrada la etapa analítica de conformidad con lo establecido por el la Resolución Nº C.40 de fecha 30 de setiembre de 1991, tendrá como destino preferente su direccionamiento para coadyuvar a combatir la emergencia ampliada por el precitado decreto, vinculado a la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) por Coronavirus (COVID-19).

ARTÍCULO 2º.- Aquellos interesados en participar del presente régimen, deberán presentarse ante la dependencia de este Organismo de su jurisdicción, solicitando tal extremo e indicando el destino final del producto producido.

ARTÍCULO 3°.- Los beneficiarios del mencionado producto, cualquiera sea su forma o característica final, deberán ser un ente público nacional, provincial o municipal o ente privado de salud autorizado por el INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA (INV).

ARTÍCULO 4°.- Las personas humanas y jurídicas que accedan al presente régimen, sin perjuicio del deber genérico de cumplimiento conforme las normas generales de aplicación, tendrán a su cargo los requisitos específicos, recomendaciones y/o exigencias que en cada una de las operatorias sean aprobados teniendo en cuenta las circunstancias de cada caso en particular.

ARTÍCULO 5º.- Delégase a la Gerencia de Fiscalización de este Instituto la facultad de establecer en cada caso las prioridades, las condiciones, recomendaciones, requisitos y exigencias para el logro del destino establecido en la presente, cumpliendo con los debidos controles de cuidado de la salud pública y flexibilizando en lo posible toda la operatoria para su efectiva y eficiente concreción, sin perjuicio de las acciones que en forma directa realice esta Presidencia.

En todos los casos debe existir, previo a su determinación, informe del área técnica competente que certifique la aptitud del alcohol intervenido para el destino que se disponga.

ARTÍCULO 6º.- Las infracciones a la presente norma será sancionada conforme lo establecido por el Artículo 30 de la Ley N° 24.566, sin perjuicio de las denuncias ante los órganos judiciales y administrativos que pudieran corresponder.

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación y cumplido, archívese. Martin Silvestre Hinojosa

e. 03/04/2020 N° 16325/20 v. 03/04/2020

Fecha de publicación 2020-04-03

Ver boletín oficial

UOC: 52 - Coordinación de Compras y Contrataciones - SENASA Ejercicio: 2020 Clase: Única Nacional Modalidad: Sin modalidad Expediente N°: EX-2020-14215962- -APN-DSAYF#SENASA Objeto: Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo integral y puesta en marcha de ascensores Retiro del Pliego de Bases y Condiciones Lugar y dirección: El pliego se puede adquirir participando del proceso en COMPR.AR. Plazo y horario: De 01/04/2020 16:00:00 a 08/05/2020 12:00:00 Consulta del Pliego de Bases y Condiciones Lugar y dirección: Las consultas, deben efectuarse a través de COMPR.AR. Plazo y horario: Hasta 30/04/2020 12:00:00 Presentación de Ofertas Lugar y dirección: Las ofertas se deberán presentar a través de COMPR.AR utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema. Plazo y horario: Hasta 08/05/2020 12:00:00 Acto de Apertura Lugar y dirección: La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente. Plazo y horario: 08/05/2020 12:00:00

e. 02/04/2020 N° 16267/20 v. 03/04/2020

Fecha de publicación 2020-04-03

Ver boletín oficial


DI-2020-112-APN-DNSA#SENASA




Ciudad de Buenos Aires, 01/04/2020

VISTO el Expediente N° EX-2020-21419647-APN-DGTYA#SENASA; del Registro del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, las Leyes Nros. 3959, 27.233 y 27.541; el Reglamento General de Policía Sanitaria aprobado por el Decreto del 8 de noviembre de 1906 y sus complementarios; los Decretos Nros. 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020, DECNU-2020-297-APN-PTE del 19 de marzo de 2020, DECNU-2020-325-APN-PTE del 31 de marzo de 2020, la Resolución N° 38 del 3 de febrero de 2012 del entonces MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA y las Resoluciones Nros. 725 del 15 de noviembre de 2005 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y RESOL-2020-288-APN-PRES#SENASA y,

CONSIDERANDO:

Que por el Decreto N° 1.585 del 19 de diciembre de 1996 y sus modificatorios, se establece la organización institucional del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA (SENASA), organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA, comprendiendo las características del mismo, sus competencias, la estructura de su conducción superior, atribuciones y funciones.

Que la Ley N° 27.233 dispone que el SENASA es la autoridad de aplicación y el encargado de planificar, ejecutar y controlar el desarrollo de las acciones previstas en la referida ley.

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declara el brote del nuevo coronavirus (COVID-19) como una pandemia.

Que, ante esta situación, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dicta el Decreto N° DECNU-2020-260-APN-PTE del 12 de marzo de 2020, por el cual se amplía la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541.

Que posteriormente, en fecha 19 de marzo de 2020, dicta el Decreto N° DECNU-2020-297-APN-PTE que establece el aislamiento social, preventivo y obligatorio, por lo que las personas deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.

Que a través del Artículo 6° de dicho decreto se exceptúan del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio las actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca, sosteniendo así la provisión de alimentos controlados y seguros.

Que, en este sentido, corresponde mantener las medidas y certificaciones sanitarias oficiales en resguardo de la salud animal y pública, así como de los reconocimientos oficiales internacionales de la situación zoosanitaria del país y los mercados hacia los que la REPÚBLICA ARGENTINA exporta agroalimentos.

Que la Resolución N° 725 del 15 de noviembre de 2005 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA establece los requisitos generales para el movimiento de animales susceptibles a la Fiebre Aftosa, entre otras enfermedades animales.

Que a fin de dar acabado cumplimiento con lo dispuesto en las medidas implementadas por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA dictó la Resolución RESOL-2020-288-APN-PRES#SENASA del 24 de marzo de 2020, mediante la cual se exceptuó, hasta el día 31 de marzo de 2020, del cumplimiento de la última vacunación contra la Fiebre Aftosa correspondiente a la campaña en curso los movimientos de animales que cumplan con los requisitos establecidos en dicha norma.

Que en fecha 31 de marzo de 2020, el PODER EJECUTIVO NACIONAL dicta el Decreto N° DECNU-2020-325APN-PTE por el cual se establece una prórroga en la vigencia del Decreto N° 297/20 hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.

Que de conformidad con la extensión de la situación de aislamiento preventivo previsto por el PODER EJECUTIVO NACIONAL, corresponde en consecuencia, adecuar los plazos oportunamente establecidos en la mentada Resolución SENASA N° 288/20, extendiéndolos incluso 2 semanas laborables más, de manera tal que dé lugar a las adecuaciones y medidas que se necesitarán para retomar los procedimientos habituales.

Que la Dirección Nacional de Sanidad Animal y sus Direcciones dependientes han tomado la debida intervención, considerando indispensable las adecuaciones propuestas.

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que le compete.

Que la suscripta resulta competente para dictar el presente acto administrativo en virtud de los dispuesto en el Artículo 4° de la Resolución N° 288 del 24 de marzo de 2020 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

Por ello,

LA DIRECTORA NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL

DISPONE:

ARTÍCULO 1°.- Se prorroga hasta el día 24 de abril de 2020 inclusive, el plazo establecido en el Artículo 2° de la Resolución N° RESOL-2020-288-APN-PRES# del 24 de marzo de 2020 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA.

ARTÍCULO 2°.- Vigencia. La presente disposición entra en vigencia a partir del día de su firma.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. Ximena Melon

e. 03/04/2020 N° 16320/20 v. 03/04/2020

Fecha de publicación 2020-04-03

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